Climate Change, Flood Risk and Property Value: Assessment of vulnerability and equity in the Boston Metro Area

The general consensus is that global climate change will result in increased frequency and intensity of extreme weather events. Coastal urban communities are likely to suffer more flood damages as a result of this change, with potential social justice implications regarding how burdens are shared. Current decision-making approaches, mostly based on scientific knowledge and economic efficiency, do not take into account several ethical aspects associated with climate change, including equity concerns. In this paper, the author addresses a number of questions with justice implications. His findings show a differential exposure to hazards arid uneven capability to cope with them, which places higher risk on the most vulnerable sectors of the population. The religious community can contribute in raising awareness and helping to explore adaptive measures designed to reduce the economic and social impacts of extreme events in an equitable way

Linking climate knowledge and decisions: humanitarian challenges

This repository item contains a single issue of The Pardee Papers, a series papers that began publishing in 2008 by the Boston University Frederick S. Pardee Center for the Study of the Longer-Range Future. The Pardee Papers series features working papers by Pardee Center Fellows and other invited authors. Papers in this series explore current and future challenges by anticipating the pathways to human progress, human development, and human well-being. This series includes papers on a wide range of topics, with a special emphasis on interdisciplinary perspectives and a development orientation.Future atmospheric conditions are increasingly predictable as a result of scientific and technological advances. From short-term storm forecasts to long-term climate trends, humanitarian organizations now have an unprecedented ability to anticipate threats to people at risk. At the same time, vulnerability patterns are shifting as a result of ongoing processes such as urbanization and the AIDS pandemic, which present complex and dynamic interactions with climate risks. The future looks different: more natural hazards combined with new vulnerabilities will continue to increase the workload of already overstretched humanitarian organizations. Against this background, the complexity and range of possible humanitarian decisions is rapidly expanding, owing to progress in technologies to obtain, process, communicate, and use relevant information, as well as new financial instruments, trends in academic institutions and other promising developments. Humanitarian organizations are adapting to new climate risks, vulnerability patterns, and decision capacity. Yet, regrettably, their efforts seem to be outpaced by the changing threats and opportunities. In order to reduce this gap, it will not be enough to simply train existing staff on new tools, or expand the staff and volunteer base: the humanitarian sector needs to fundamentally restructure its relationship to knowledge-based entities that can rapidly absorb and act upon the increasingly reliable information about changing risks. This will require not just partnering with key stakeholders, but essentially reconfiguring decision-making processes. Many of the potentially catastrophic climate-related disasters could be managed by the humanitarian sector through adequate monitoring of key system variables, and a systematic approach for preparing to act in response to the many plausible early signs of problems

Cumbre mundial sobre la sociedad de la información: a las puertas del fracaso

La Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI) surgió como una propuesta de la Conferencia de Plenipotenciarios de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) de 1998 en Seattle. La Asamblea General de Naciones Unidas respaldó esta iniciativa como un medio eficaz de desarrollar un marco global para la sociedad de la información que ayude a alcanzar los objetivos de la Declaración del Milenio , en el entendido de que las tecnologías de información y comunicación (TIC) pueden constituirse en una herramienta esencial de democratización y desarrollo si se logra superar la “brecha digital” que divide a los habitantes del mundo entre info-ricos e info-pobres

HIV/AIDS, climate change and disaster management : challenges for institutions in Malawi

Southern African institutions involved in disaster management face two major new threats: the HIV/AIDS pandemic (eroding organizational capacity and increasing vulnerability of the population), and climate change (higher risk of extreme events and disasters). Analyzing the combined effects of these two threats on six disaster-related institutions in Malawi, the authors find evidence of a growing gap between demand for their services and capacity to satisfy that demand. HIV/AIDS leads to staff attrition, high vacancy rates, absenteeism, increased workload and other negative effects enhanced by human resources policies and financial limitations. Many necessary tasks cannot be carried out adequately with constraints such as the 42 percent vacancy rate in the Department of Poverty and Disaster Management Affairs, or the reduction of rainfall stations operated by the Meteorological Service from over 800 in 1988 to just 135 in 2006. The authors highlight implications of declining organizational capacity for climate change adaptation, and formulate recommendations.Population Policies,HIV AIDS,Hazard Risk Management,Health Monitoring&Evaluation,Climate Change

El financiamiento de la educación pública en el Perú: el rol de las familias

Las familias que matriculan a sus hijos en escuelas públicas en el Perú financian una parte importante de la educación de sus hijos. Saavedra, Melzi y Miranda (1997) muestran que casi un tercio de lo que la sociedad peruana en su conjunto gasta en los niños matriculados en las escuelas públicas corresponde a contribuciones de las familias. Parte de estas contribuciones consiste en libros, uniformes y materiales; otra parte consta de aportes monetarios directos a las escuelas por concepto de matrículas, cuotas para las asociaciones de padres de familia (APAFA) y pagos para la compra de materiales y para el financiamiento de algunas actividades escolares. Por otro lado, los padres también contribuyen en forma de trabajo y bienes con el centro educativo, modalidades de colaboración que son más difíciles de cuantificar. El nivel del gasto público en educación básica es tan bajo que en muchos casos las escuelas simplemente no podrían operar sin la contribución de los padres. Como se documenta en este trabajo, el Estado destina aproximadamente 85% de los gastos corrientes en educación a remuneraciones y pensiones, y sólo 13% a la compra de bienes y al pago de servicios. Así, en muchas escuelas —en particular fuera de Lima—, el pago de los servicios públicos depende de las contribuciones de los padres, tanto en dinero como en materiales de enseñanza, artículos de limpieza, servicios de mantenimiento de enseres, etcétera. Estas contribuciones se producen a pesar de que existe un marco legal según el cual la educación primaria y secundaria es obligatoria, tal como establece la Constitución Política. Por lo tanto, se presume que el Estado tiene la obligación de proveer del servicio educativo a todos los niños y jóvenes en edad escolar. En efecto, el Estado brinda el servicio educativo a la gran mayoría de esta población, y la matrícula pública de primaria y secundaria cubre cerca de 85% del total. Más aún, la expansión de la oferta educativa ha sido tal en las últimas décadas que se ha podido asegurar una plaza escolar para la gran mayoría de los niños en edad de asistir a la primaria, inclusive en zonas rurales, y la cobertura de secundaria está entre las mayores de América Latina. Todo esto es, en principio, gratuito. La Constitución de 1993 declara la obligatoriedad de la educación en todos los niveles considerados básicos. Textualmente, el artículo 17 menciona: “La educación inicial, primaria y secundaria son obligatorias. En las instituciones del Estado, la educación es gratuita. En las universidades públicas el Estado garantiza el derecho a educarse gratuitamente a los alumnos que mantengan un rendimiento satisfactorio y no cuenten con los recursos económicos necesarios para cubrir los costos de educación.” Asimismo, se menciona que el Estado promueve la creación de centros de educación donde la población los requiera y garantiza la erradicación del analfabetismo. Sin embargo, La Ley General de Educación —que, obviamente, tiene menor rango que la Constitución— y sus reglamentos sólo mencionan explícitamente la obligatoriedad de la educación primaria. Textualmente, el artículo 4 de la mencionada ley señala que la educación se sujeta a un conjunto de normas básicas, entre las que se encuentra: “La obligación de recibir educación primaria para los menores a partir de los 6 años de edad y para los adultos que no hayan aprobado dicho nivel o su equivalente, hasta los cuarenta años de edad.” En el artículo 4 del reglamento se establece que la educación primaria es “gratuita en todos los Centros y Programas Educativos Estatales” y que “dicha gratuidad no se pierde por motivo alguno”. Además, señala que “los apoderados o tutores son responsables del cumplimiento de la obligatoriedad de la Educación Primaria en las personas menores de edad” y que “el Estado atiende, prioritariamente, a los centros educativos en zonas de frontera, áreas rurales y urbano marginales”. Pero esta gratuidad no se verifica en la práctica. Para que los colegios operen, los directores y las asociaciones de padres de familia se ven obliga- dos a recurrir a los padres, salida que logran con distintos niveles de éxito, de acuerdo principalmente con el nivel socioeconómico de éstos. El objetivo de este estudio es proporcionar información pertinente para la discusión acerca de cuál es y cuál debe ser el rol de las familias y el del Estado en el financiamiento de la educación. Intentamos brindar datos y enfoques para evaluar cuestiones como las siguientes: ¿qué beneficios tiene el hecho de que las familias terminen complementando el gasto realizado por el Estado en la educación pública? ¿Cuál es el impacto de esta contribución sobre la equidad en la asignación de recursos y en la búsqueda de iguales oportunidades educativas? En un contexto en el que se requiere incrementar los recursos para financiar la educación, ¿es factible pensar que los gastos directos de las familias son una posible fuente de financiamiento? ¿Cuál es la actitud de los padres respecto a estas contribuciones? En esta investigación, que se circunscribe a la educación primaria y secundaria, se documenta la evolución reciente del gasto público total, por alumno y por rubro de gasto. A esto se añade un análisis del gasto de las familias en educación, lo cual permite estimar el gasto total en educación en el sector público. Asimismo, se estudia el patrón de gastos familiares a lo largo de la distribución del ingreso y las inequidades que se generan como consecuencia de que en los colegios a los que acuden los niños provenientes de familias de menores ingresos haya un menor gasto por alumno. Por otro lado, a partir de un análisis de encuestas de hogares se analiza la influencia que tienen determinadas características de la familia y del alumno sobre el gasto en educación, así como la relación entre este gasto y el que realiza el Estado. Además, se estima la elasticidad-ingreso del gasto en educación utilizando una metodología semiparamétrica, que permite establecer una relación no lineal entre la elasticidad y el nivel de gasto total. El estudio realizado sobre la base de las encuestas de hogares se complementa con un análisis cualitativo, basado en grupos focales y entrevistas en profundidad a padres y directores de centros educativos. Estas técnicas permiten analizar las opiniones de los padres respecto de la calidad del servicio educativo que reciben sus hijos y acerca de los caminos posibles para mejorar este servicio. También se exploran las actitudes y opiniones de los padres respecto a su contribución financiera, tanto actual como potencial, a la educación de sus hijos, y los condicionantes que existen para que este aporte se materialice.Costes educativos, Financiamiento de la educación, Papel de la familia, Educational costs, Educational financing, Family role, Peru

LRD2: Low Resource Device Description for Energy Efficient Device Discovery

International audienceThe success of the large scale deployment of sensor actuator devices lies in their plug\&play capabilities: they should be automatically discovered and ready to be used when they join to an environment. Self-description and discovery gain therefore a particular importance. Nevertheless, there is currently no largely adopted energy efficient device description and discovery standard. Existing protocols use proprietary device description models and discovery mechanisms that are incompatible between the two. This paper presents LRD2 (Low Resource Device Description), a generic description model capable of describing different kinds of device information. LRD2 implements a compression algorithm to reduce the size of description documents, thus saving energy by reducing the number of messages sent in the network. Experimental results about the performance of LRD2 are also presented

Poster Abstract: Exploiting the LQI Variance for Rapid Channel Quality Assessment

CONE

High resolution system for nanoparticles hyperthermia efficiency evaluation

A system to evaluate nanoparticles efficiency in hyperthermia applications is presented. The method allows a direct measurement of the power dissipated by the nanoparticles through the determination of the first harmonic component of the in quadrature magnetic moment induced by the applied field. The magnetic moment is measured by using an induction method. To avoid errors and reduce the noise signal a double in phase demodulation technique is used. To test the system viability we have measured nanowires, nanoparticles and copper samples of different volumes to prove by comparing experimental and modeled result